A- de 2024

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Oralidad de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo de la misma ciudad.

La controversia que se presenta entre los Despachos tiene su origen en una demanda ordinaria laboral instaurada por una ciudadana, en contra del municipio de Cali, Secretaría de Educación, y la Institución Educativa Eustaquio Palacios, con la que solicita que se declare la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales de abogados y la consecuente condena al pago de honorarios.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena encuentra que de la información que reposa en el expediente, preliminarmente puede concluirse que el contrato que suscita la presente controversia es de naturaleza estatal.

El mencionado acto jurídico suscrito entre la demandante y el rector de la Institución Educativa tuvo por objeto la representación judicial de ese establecimiento educativo, con motivo de una demanda que interpuso en su contra el Centro de Estudios para los Sistemas de Información; un servicio profesional y especializado que asumió la demandante y que no corresponde al objeto misional de la institución educativa.

Además, las entidades contra las cuales se dirige la demanda tienen carácter estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 286 y siguientes), la Ley 1333 de 1986 (arts. 3 y siguientes), la Ley 715 de 2001 (art. 9) y, principalmente, el artículo 2 (numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993.

La Sala resuelve, en reiteración de lo dispuesto en Auto 521 de 2022 que, las demandas ordinarias dirigidas contra entidades públicas que pretendan la declaratoria de existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado y el consecuente pago de los honorarios pactados corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en el artículo 104.2 del CPACA, precepto que se complementa con lo señalado en el artículo 141 del mismo estatuto, en el que se precisa que el medio de control de controversias contractuales es procedente para dar trámite a dicha pretensión.

Por consiguiente, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Tercero Administrativo de Cali para que proceda con lo de su competencia y comunique la decisión a los interesados en este trámite, así como al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Oralidad de Cali.